La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), a través de su presidenta Ana María Vesga, expresó serias preocupaciones jurídicas y estructurales frente al proyecto de decreto emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social que busca establecer un nuevo modelo operativo en el sistema de salud colombiano. Aunque la cartera ministerial tiene la facultad de reglamentar el modelo de salud, ACEMI sostiene que el documento en consulta pública hasta el 9 de mayo “excede esa potestad reglamentaria y modifica, entre otras cosas, el ordenamiento territorial, las funciones que están asignadas a las EPS y crea instancias de participación ciudadana que todas tienen reserva de ley”.
Competencias que requieren ley, no decreto
De acuerdo con Vesga, la propuesta del Ministerio invade ámbitos que están protegidos por leyes estatutarias, orgánicas y reglamentos superiores. Esto incluye competencias estructurales como la conformación de redes de prestación, la referencia y contrarreferencia de los usuarios y la adscripción poblacional a los Centros de Atención Primaria (CAPS).
Para ACEMI, estas funciones son esenciales en la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como aseguradoras y no pueden ser modificadas por vía reglamentaria sin sustento legal.
“Parece que [los CAPS] van más allá de ser simplemente instituciones prestadoras de salud en el nivel primario, sino que les confieren labor de agencia”, indicó Vesga, al advertir que el decreto traslada funciones clave a entes territoriales, al CRUE y a los propios CAPS, reduciendo el rol articulador de las EPS.
Otro de los puntos críticos mencionados es la propuesta de crear microterritorios, lo que implica un nuevo ordenamiento territorial para efectos en salud, que en opinión de ACEMI requiere reserva de ley y no puede establecerse mediante decreto.
Uso inadecuado de recursos del aseguramiento
Uno de los aspectos que más inquieta a la Asociación es la destinación de recursos del aseguramiento para financiar infraestructura hospitalaria. Vesga fue enfática en afirmar que esa propuesta contraviene el marco constitucional.
“Hay una restricción, una destinación específica para los recursos de la salud. Está establecido en la Constitución, está establecido en la ley y no puede decirse a través del decreto”, advirtió. Si bien reconoció la necesidad de fortalecer la infraestructura, señaló que “no puede hacerse con los recursos del aseguramiento y de la población”.
Impacto sobre la relación del usuario con el sistema
Cabe mencionar que uno de los cambios más significativos que introduce el decreto es la redefinición de la relación entre el paciente y su ruta de atención. Actualmente, el vínculo inicial del usuario es con su EPS, la cual actúa como agencia que organiza la red de servicios y coordina los movimientos entre niveles de atención.
“Hoy el usuario tiene una relación de agencia con la EPS. Esa EPS le conforma su red y lo mueve a través de la red en ese proceso que llamamos referencia y contrarreferencia, que no es otra cosa que ser como la torre de control del movimiento de los usuarios”, explicó.
Con el nuevo modelo, este rol se trasladaría a los entes territoriales. Sería el CRUE quien operaría como eje coordinador, y el CAPS, como primer punto de contacto, definiría la ruta del paciente. En términos institucionales, esto limita el papel de las EPS como articuladoras del sistema y debilita la continuidad asistencial, alertó la presidenta de ACEMI.
Llamado al respeto institucional y al debido proceso
Frente a la consulta pública abierta hasta el 9 de mayo, ACEMI señaló que utilizará esta instancia como primer recurso de objeción formal. Vesga aclaró que su postura no se basa en una discrepancia ideológica con la visión política del modelo, sino en la defensa del principio de legalidad.
“Lo que se está discutiendo en este decreto no es la visión de modelo de salud. Lo que se está discutiendo es que cualquier modificación al modelo, a la regla institucional, tiene que hacerse en el marco de la ley, porque ese es finalmente el respeto a las instituciones y a la institucionalidad del sistema”, afirmó.
Finalmente, en caso de que las observaciones no sean acogidas por el Ministerio, ACEMI evalúa interponer acciones legales. “Si eso no sucede, pues obviamente hay todos los mecanismos para ejercer controles de legalidad en cabeza nuestra o de los demás que lo quieran utilizar”, concluyó Vesga.
