Con la finalización de las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) hizo un llamado a que los hallazgos derivados de este proceso conduzcan a un análisis técnico riguroso del gasto en salud y del modelo de financiamiento del sistema.
Las sesiones, que iniciaron el 20 de marzo y se desarrollaron semanalmente hasta el cierre del 30 de abril, abordaron temas estructurales como frecuencias de uso, severidad de los servicios, niveles de siniestralidad, inclusiones en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y los ajustadores de riesgo que afectan directamente el valor de la prima anual de la UPC. La información analizada constituye la base técnica para la actualización del valor de la UPC, uno de los componentes financieros clave del aseguramiento en salud en Colombia.
Cuestionamientos a la calidad de la información y los métodos del MSPS
ACEMI, en representación de las EPS del régimen contributivo, manifestó durante las sesiones su preocupación por la calidad y el manejo de la información que sustenta los cálculos oficiales. En primer lugar, advirtió sobre la falta de estandarización en los reportes y la eliminación discrecional de datos por parte del Ministerio, lo que genera una pérdida de información relevante y limita la transparencia del proceso.
También señaló que los mecanismos de retroalimentación y asistencia técnica entre el Ministerio y los reportantes, EPS, prestadores y proveedores, son deficientes. Esta debilidad impacta negativamente en la calidad de los reportes y, por ende, en la precisión de los cálculos actuariales.
ACEMI recalcó que, si bien las EPS son responsables de remitir los datos, los prestadores también deben garantizar la veracidad y completitud de la información. En este sentido, propuso que el Ministerio implemente un sistema de contrastación y verificación, y que se reconozca el potencial de los RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios) como fuente alternativa, a pesar de los retrasos persistentes por parte de las IPS.
Críticas metodológicas y cifras preocupantes
La asociación gremial también cuestionó los enfoques metodológicos utilizados por el Ministerio. Indicó que el análisis de la severidad, costo medio por atención, no se ha basado en técnicas actuariales, sino en la inflación general, lo que ha distorsionado los cálculos.
Además, evidenció una subestimación de la inflación en los años 2021 a 2024. El desfase entre la inflación estimada y la real fue del 12,3 %, lo que generó un déficit acumulado de 10 billones de pesos en el sistema. Asimismo, la siniestralidad, relación entre costos e ingresos, alcanzó un 109,5 % en 2024, según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, reflejando un deterioro severo en el equilibrio financiero del aseguramiento.
En materia de frecuencias, la Asociación señaló que estas han sido subvaloradas desde la pandemia, sin considerar adecuadamente el aumento de enfermedades crónicas, el envejecimiento poblacional y la expansión del PBS, todos factores que justifican un incremento sostenido en el uso de los servicios.
Incumplimientos en el reporte de EPS intervenidas
Durante las mesas, ACEMI también entregó al Ministerio los análisis técnicos y los datos consolidados de sus EPS afiliadas. No obstante, se evidenció que las EPS bajo medida de intervención no remitieron la información financiera exigida, lo que representa una omisión significativa, más aún cuando estas entidades están bajo control directo del Gobierno nacional.
También reiteró que, en cumplimiento del Auto 007 de 2024 emitido por la Corte Constitucional, el Ministerio debe realizar un análisis retrospectivo riguroso del cálculo de la UPC y avanzar en la mejora de la metodología para su definición anual. El objetivo es asegurar que la prima refleje adecuadamente las necesidades reales de la población afiliada y contribuya a la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
La Asociación concluyó que este proceso debe transformarse en una oportunidad para garantizar un sistema de información robusto, transparente y confiable, que sirva como base para decisiones técnicas y políticas de alto impacto en la cobertura, la calidad y la equidad en salud.
