El riguroso análisis del proceso de incorporación de nuevas tecnologías, servicios, medicamentos y procedimientos médicos al Plan de Beneficios en Salud (PBS) ha tomado un lugar central en las mesas de revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) convocadas por el Ministerio de Salud, en cumplimiento de un mandato de la Corte Constitucional. Durante la penúltima sesión, celebrada el pasado jueves, actores clave del sistema de salud, entre ellos ACEMI, examinaron detenidamente la sostenibilidad financiera y la costo-efectividad de las inclusiones realizadas en los últimos años.
Este ejercicio de revisión busca perfeccionar el mecanismo de actualización del PBS, un proceso anual fundamental para asegurar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud para todos los colombianos, independientemente de su capacidad económica. La meta primordial es salvaguardar la protección financiera de los usuarios y garantizar su derecho fundamental a la salud y como tal, la dinámica de actualización permite incorporar los avances científicos y tecnológicos más recientes, al tiempo que facilita la eliminación de prácticas o tecnologías que han quedado obsoletas.
Sin embargo, el panorama presentado por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) durante la reciente sesión plantea interrogantes cruciales sobre la rigurosidad y el impacto económico de las inclusiones de los últimos cinco años. Según el análisis de ACEMI, las tecnologías incorporadas al PBS experimentaron un incremento significativo del 31,5% entre 2020 y 2024, traduciéndose en un aumento de 3.900 a 5.127 servicios de salud cubiertos.
Cuestionamientos de ACEMI sobre el impacto financiero
Frente a este aumento sustancial, la agremiación de las EPS emitió una serie de conclusiones que señalan la necesidad de una revisión profunda del proceso de inclusión. En el documento técnico radicado ante el Ministerio de Salud, ACEMI destaca la ausencia de estudios exhaustivos que permitan comprender el impacto real de estas inclusiones en el gasto por usuario durante el periodo 2021-2024. Según la asociación, la información esencial para llevar a cabo estos análisis reside en el Ministerio de Salud y no se comparte con actores externos.
Adicionalmente, estudios internos realizados por algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) sobre tecnologías específicas sugieren una “insuficiente presupuestación de recursos para las inclusiones realizadas durante el periodo 2021-2024”. Esta observación genera preocupación sobre la capacidad del sistema para absorber financieramente el costo de las nuevas tecnologías incorporadas.
Falta de integralidad y transparencia en el proceso
Un punto crítico señalado por ACEMI es la percepción de que el proceso de inclusión de servicios financiados con la UPC adolece de una visión integral. Si bien se enfoca en las etapas iniciales de identificación y priorización de tecnologías, se descuentan aspectos posteriores de vital importancia como el “costeo y presupuestación inicial, el esquema de seguimiento y la evaluación de resultados e impactos”. Esta falta de seguimiento y evaluación dificulta la comprensión real del valor y la eficiencia de las tecnologías incluidas.
La transparencia del proceso también fue objeto de cuestionamiento por parte de ACEMI. La agremiación argumenta que “los documentos técnicos que soportan la decisión no son de dominio público o están desarrollados superficialmente en estudios de suficiencia”. Asimismo, señalan la falta de acceso a información relevante como “actas, estudios o presentaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas”, así como a “las bases de datos de suficiencia y el acceso a Mi-Pres con módulo de pagos y gasto”. Esta limitación en el acceso a la información dificulta la rendición de cuentas y la participación informada de los diferentes actores del sistema.
Propuestas para mejorar el proceso de inclusión
Para subsanar estas deficiencias, ACEMI propone la implementación de “mecanismos de backtesting del gasto efectivamente realizado para tecnologías incluidas en PBS versus estimaciones realizadas previamente y ajustes ex post en caso de desviaciones materiales”. Esta medida permitiría una evaluación más precisa del impacto financiero real de las inclusiones y la realización de ajustes necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Otro aspecto crucial abordado por ACEMI es la necesidad de “dinamizar el mecanismo de exclusiones como herramienta de actualización del PBS, optimización de recursos y mejora de resultados en salud”. La agilidad en la exclusión de tecnologías obsoletas o de baja efectividad se considera fundamental para liberar recursos que puedan ser destinados a innovaciones más prometedoras.
Finalmente, la agremiación plantea la necesidad de “retomar un plan explícito de beneficios, eliminando el principio de lista negativo vigente”. ACEMI considera que este cambio de enfoque, que requeriría un amplio “dialogo y consenso político y jurídico”, permitiría una mayor claridad y predictibilidad en la cobertura de servicios de salud.
La sesión del próximo martes 29 de abril se centrará en el análisis de los ajustes de riesgo, un componente esencial para garantizar una distribución equitativa de los recursos dentro del sistema de salud. Las conclusiones y los debates generados en estas mesas de revisión serán fundamentales para definir el futuro del PBS y asegurar su sostenibilidad financiera en beneficio de todos los usuarios del sistema de salud colombiano.
