La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo una jornada de visitas masivas a más de 300 instituciones educativas en todo el país, ante las alarmantes cifras de casos de acoso y violencia sexual que continúan presentándose en entornos educativos. Esta iniciativa tuvo como objetivo verificar la efectividad de los protocolos de atención y protección de los derechos de los estudiantes.
De acuerdo con la información preliminar, el Ministerio Público refirió que en 2024 se han reportado 1.515 casos de acoso escolar/bullying, 610 casos de violencia sexual y 399 situaciones de ciberacoso, en las instituciones visitadas. Esto refiere a la necesidad urgente de abordar esta problemática, especialmente cuando una parte significativa de las situaciones conocidas involucra a estudiantes como presuntos agresores.
Asimismo, se evidenció el involucramiento presuntamente de docentes o directivos en el 26% de los casos de acoso escolar y violencia sexual identificados, evidenciando un posible ambiente de vulnerabilidad que debe ser tratado con mayor atención por parte de las autoridades educativas junto con los padres de familia.
El ente de control a su vez constató que varias instituciones no cuentan con el protocolo para la detección de violencias de género y evidenció que 29 instituciones no han implementado programas de educación sexual este año para dar cumplimiento de Directiva 001 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional. Entre tanto, los resultados reiteraron las alertas debido a que muchos de los colegios visitados aún no tienen usuario y contraseña en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) o tampoco han recibido la capacitación adecuada, lo que podría resultar en un subregistro de incidentes de acoso escolar y sexual.
La jornada, que fue coordinada por la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, se hizo con el apoyo de procuradores regionales, provinciales y distritales, así como de judiciales de Familia. Esta medida ha permitido dar seguimiento a las recomendaciones formuladas durante la primera jornada de visitas que se desarrolló el pasado 29 de abril, con el fin de verificar el funcionamiento de los Comités Escolares de Convivencia y la adecuada implementación del protocolo para la detección de violencias de género.
Es clave mencionar que la Procuraduría confirmó que los resultados de dichas visitas serán utilizados para emitir recomendaciones a las entidades competentes, esto para que se adopten medidas efectivas de prevención y atención de la violencia sexual en el ámbito educativo.
Procuraduría emite 113 pliegos de cargos por acoso laboral y revela vínculos con acoso sexual
Por otra parte, el Ministerio Público en cabeza de Margarita Cabello Blanco, señaló en el XVI Conversatorio Nacional de la Especialidad Laboral que se han emitido 113 pliegos de cargos y 69 fallos relacionados con el acoso laboral. “Lo que encontramos es que, en muchas ocasiones, el acoso laboral esconde situaciones de acoso sexual”, advirtió.
Particularmente, en Barranquilla hizo un llamado a unir esfuerzos contra esta problemática que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y explicó que es imperativo buscar soluciones efectivas a problemas estructurales como la informalidad, que afecta a 13 millones de personas, y el desempleo, a otros 2 millones de ciudadanos, impactando a mujeres y jóvenes.
Con estas alarmantes cifras, la jefe del Ministerio Público indicó que desde el órgano de control se ha venido realizando un seguimiento constante a las entidades públicas y privadas “para atender las numerosas quejas ciudadanas, así como en el desarrollo de la intervención judicial ante Juzgados, Tribunales y Altas Cortes”.
Cabello también informó que, durante el año pasado, la Procuraduría llevó a cabo más de 7 mil actuaciones preventivas y otras 7 mil de carácter judicial. Destacó que estas intervenciones son fundamentales, ya que se centran en aspectos cruciales como el derecho al mínimo vital, la dignidad humana, el acceso al trabajo, la salud y la seguridad social, con especial énfasis en las pensiones.
Puso como ejemplo una acción popular presentada contra el Ministerio de Salud y Protección Social, cuyo objetivo fue la creación de una nueva Política Farmacéutica Nacional y la regulación integral de los precios de los medicamentos.
“Como resultado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió directrices para corregir problemas en el sector farmacéutico y salvaguardar los derechos colectivos afectados por las acciones y omisiones del Ministerio de Salud y el INVIMA”, subrayó.
