La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra Rosa Irene Rosado Hernández, quien ocupó el cargo de gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Centro de Salud Usiacurí – José María Ferez Farah, en el departamento del Atlántico, durante el periodo 2021-2024. A la exgerente se le acusa de presunta extralimitación en sus funciones por decretar medidas cautelares en un proceso coactivo sin contar con la competencia ni las facultades necesarias para hacerlo.
Según el ente investigador, Rosado Hernández habría ordenado el embargo de recursos parafiscales y la retención de dineros depositados por la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. (Nueva EPS S.A.) en cuentas corrientes, de ahorro, Certificados de Depósito a Término (CDT) y otras cuentas bancarias y financieras en todo el país. La suma retenida asciende a $883.441.446, un monto destinado al sistema general de seguridad social en salud.
El Ministerio Público señala que la exgerente desconoció la inembargabilidad de los recursos destinados al sistema de seguridad social en salud, en clara vulneración a las disposiciones constitucionales y legales que rigen este sector. “El manejo de los recursos destinados a la prestación del servicio de salud no puede depender de la voluntad de un servidor público, sino de las normas que previamente se establecieron para el buen funcionamiento del sistema de seguridad social en salud”, destacó la Procuraduría en su pronunciamiento.
Procuraduría investiga posible violación de principios de responsabilidad
Además, la Procuraduría enfatizó que con su proceder, la exgerente podría haber transgredido los principios de responsabilidad y moralidad de la función pública, así como los límites de legalidad que le determinaban la Constitución, la ley y el manual de funciones de la ESE. La conducta presuntamente cometida por Rosado Hernández ha sido calificada por el Ministerio Público como una falta grave atribuida a título de culpa grave.
Este proceso busca esclarecer las acciones de la exfuncionaria y determinar si su actuación fue violatoria de los principios que garantizan la gestión adecuada de los recursos públicos en el sistema de salud, recurso esencial para la atención de los usuarios y el funcionamiento del sistema general de seguridad social en salud.
