Colombia atraviesa una de las situaciones más críticas en términos de acceso efectivo a la salud. El más reciente Informe de Balance Social 2024 de la Fundación Retorno Vital, presentado en el evento “Pacientes y Usuarios: el propósito que nos une en salud”, revela que más de 25 millones de personas están afiliadas a EPS intervenidas o en proceso de liquidación. Esto implica una creciente intervención estatal en un sistema que muestra signos graves de disfunción.
Medicamentos: la barrera más urgente
El 42 % de las barreras reportadas por los pacientes están relacionadas con demoras en la entrega de medicamentos. Las más afectadas son personas con enfermedades oncológicas, autoinmunes, metabólicas y crónicas complejas, donde la interrupción del tratamiento puede ser letal.
En los casos más críticos, algunos pacientes esperaron hasta 250 días para acceder a sus medicamentos. En promedio, durante todo el 2024, los pacientes solo recibieron 4,7 meses del tratamiento necesario, lo que evidencia una falla sistemática en la continuidad del cuidado.
“La dilación puede marcar la diferencia entre una intervención oportuna y una complicación grave”, señaló Jorge García, director ejecutivo de Retorno Vital.
Cifras que exigen respuestas
El informe, elaborado a partir de los registros de la plataforma SUAP (Somos Un Apoyo al Paciente) y del Call Center de la Fundación Retorno Vital, evidencias múltiples barreras que persisten en el acceso a los servicios de salud. Un 27 % de los pacientes reportaron demoras significativas en la asignación de citas médicas, mientras que el 21 % indicó retrasos en los procesos de autorización de servicios.
Además, el 7 % denunció la falta de convenios entre las EPS e IPS, lo que impide canalizar oportunamente la atención. Estas limitaciones se reflejan en tiempos de espera alarmantes: hasta 135 días para la entrega de medicamentos, 92 días en promedio para acceder a una consulta con especialista y 36 días para obtener una cita con medicina general. Estos datos confirman una tendencia creciente de ineficiencia que afecta directamente la calidad de vida de los pacientes y la oportunidad de los tratamientos.
Zonas críticas: dónde se concentra la crisis
Los departamentos con mayor número de barreras reportadas en 2024 fueron:
- Bogotá – 438 casos (+83 % frente a 2023)
- Antioquia – 221 casos
- Valle del Cauca – 186 casos
- Santander – 185 casos
Estas cifras reflejan no solo una crisis estructural, sino una incapacidad del sistema para responder, incluso en zonas con mayor infraestructura médica.
Enfermedades más frecuentes según la edad
El deterioro en el acceso a los servicios de salud también presenta variaciones significativas según el grupo etario de los pacientes. En menores de 40 años, se observa una mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes, patologías raras y trastornos neurológicos. En la población entre los 41 y 60 años, aumentan los casos de enfermedades oncológicas, afecciones respiratorias crónicas y trastornos cardiovasculares. Así mismo, en los adultos mayores de 60 años, predominan las enfermedades crónicas degenerativas y las condiciones metabólicas, como la diabetes.
Este perfil epidemiológico, combinado con el envejecimiento progresivo de la población y la acumulación de factores de riesgo, está generando una presión creciente sobre los servicios de atención médica especializada, demandando respuestas más integrales y sostenibles desde el sistema de salud.
Gasto de bolsillo: la otra barrera
El informe advierte sobre el aumento sostenido del gasto directo que deben asumir los pacientes para acceder a servicios básicos de salud, lo que representa una barrera crítica, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
En zonas urbanas, el desembolso mensual promedio superó los $110.000, mientras que en áreas rurales o de difícil acceso, los costos se elevaron considerablemente, alcanzando entre $850.000 y $1.200.000
Estas cifras incluyen gastos por transporte intermunicipal, alojamiento, alimentación y adquisición de medicamentos no disponibles en las redes de prestación. La magnitud de estos costos compromete seriamente la continuidad de los tratamientos y acentúa las desigualdades en el acceso a la atención médica.
Un sistema financieramente insostenible
El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis financiera estructural que compromete su sostenibilidad operativa y funcional. Entre los factores más críticos se encuentran las demoras prolongadas en los pagos a las IPS, lo cual dificulta la continuidad de los servicios y genera interrupciones en los tratamientos, afectando directamente la calidad de la atención.
A esto se suman las persistentes desigualdades en el acceso a servicios para poblaciones vulnerables, así como la desmotivación del talento humano en salud, derivada de retrasos en el pago de honorarios y falta de condiciones laborales dignas.
Recomendaciones urgentes: un llamado colectivo
La Fundación Retorno Vital propone tres líneas de acción prioritarias:
- Fortalecer la coordinación EPS-IPS para garantizar atención continua.
- Revisar el modelo financiero del sistema con ajustes estructurales.
- Asegurar el suministro de medicamentos esenciales, especialmente para patologías de alto costo.
“El sistema necesita una revisión urgente para garantizar que los pacientes accedan a los servicios necesarios sin barreras económicas o estructurales”, concluyó Jorge García.
Un sistema en deuda con sus pacientes
Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, enfatizó la gravedad de la situación actual, recordando que detrás de cada cifra hay personas cuya salud y calidad de vida están en juego. “No podemos perder de vista que esta coyuntura impacta de manera directa a millones de pacientes. Es indispensable asumirla con corresponsabilidad y avanzar colectivamente hacia soluciones concretas que garanticen el acceso efectivo a la salud”, afirmó.
Reconstruir la confianza: transformar el sistema desde la experiencia del paciente
El informe 2024 de Retorno Vital no es solo una advertencia, es una radiografía del sufrimiento cotidiano de millones de colombianos. Las cifras no mienten: el sistema de salud está fallando, y quienes pagan las consecuencias son los pacientes.
En un país donde el derecho a la salud está constitucionalmente garantizado, las demoras, interrupciones y barreras económicas no pueden seguir siendo parte de la norma. Se requiere una respuesta integral, técnica y ética. Una salud pública funcional no solo salva vidas: también devuelve dignidad.
